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Columna de opinión

La reforma laboral radicada por el Gobierno Nacional el mes pasado ha generado distintas posiciones que, incluso, implicaron que el Ministerio de Trabajo tuviera que aclarar que el proyecto legislativo no busca generar empleo ni encaminarse hacia la formalización, sino asegurar la estabilidad laboral de quienes ya cuentan con un trabajo formal, para así garantizar el ejercicio de sus derechos laborales.

Parece entonces, que el proyecto dejara de lado la relación que existe entre el desempleo y la informalidad y, en efecto, se pierda la oportunidad de aterrizar los planteamientos regulatorios a las nuevas realidades socio económicas del país, contemplando la transformación del trabajo, fomentando la creación de nuevas formas de ocupación a través de una compresión holística de dichas realidades y asegurando así propicias condiciones para el desarrollo del tejido productivo del país.

En esta línea, la creación de un marco jurídico, es una necesidad que se ha estado esperando hace poco más de una década.

Este requiere contar con una aproximación técnica respecto de las nuevas realidades de negocio que han generado, entre muchos otros aspectos, nuevas dinámicas laborales no abarcadas por la regulación laboral vigente, no porque sean ilegítimas, sino porque le resultan totalmente ajenas.

Ahora bien, la idea de ajustar forzosamente las normas laborales vigentes a una realidad económica inexistente en el momento de su conceptualización, plantea un escenario no deseado.

Abandonar la apropiación de estas nuevas dinámicas significa perder las contribuciones que podrían tener para un país como el nuestro, que nunca ha logrado el pleno empleo. En lugar de ello, deberíamos tener las discusiones necesarias para mejorar lo que corresponda y allanar un camino hacia un desarrollo socialmente sostenible.

Sobre esta base, la concepción del proyecto de ley respecto a que la única manera de proteger socialmente las personas que eligen trabajar bajo demanda a través de modelos digitales es mediante un contrato laboral, ha planteado en esencia un diálogo de sordos que al final no resuelve lo que es realmente importante: cómo determinar la viabilidad de estas formas de trabajo, sin descuidar el bienestar de quienes en ellas concurren.

Lo menos importante es quien tenga la razón. Lo fundamental realmente es contar con una discusión técnica, que se centre en el entendimiento de la información sobre las actuales y reales dimensiones del empleo informal en el marco de la economía digital; pues sólo conociendo su magnitud, se tendrá una base para otorgar las respuestas normativas adecuadas.

De lo contrario, la regulación no funcionará y se constituiría nuevamente en una letra muerta producto de un pulso sin sentido.

Se debe evitar caer en proyectos legislativos que se enfoquen en situaciones particulares o en una regulación diseñada a partir del funcionamiento de una única empresa, porque resultaría, en definitiva, discriminatorio para todos los demás modelos de negocios existentes o por existir.

MARÍA FERNANDA QUIÑONEZ ZAPATA
Presidente Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

Fuente: https://acortar.link/NQUJuC