Logros Política Pública

Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico desarrollamos un seguimiento de gestión legislativa que permite identificar proyectos normativos que pueden desfavorecer el despliegue de un ambiente favorable para el comercio electrónico en el país. De esta forma tomamos acciones en materia de política pública que contribuyen al desarrollo favorable de la industria.

Gracias a la gestión realizada por parte de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), se logró la eliminación del artículo 134 del Proyecto de Ley 111 de 2022 del Código Electoral, referido a la identificación y autenticación por medios digitales. Mediante el cual se facultaba a la Registraduría Nacional del Estado Civil para ser la encargada de la identificación digital y autenticación de los diferentes medios tecnológicos de firma digital. Lo anterior, ponía en riesgo los principios constitucionales de libertad de empresa, libertad económica y libre competencia para los ciudadanos que optaren por adquirir un mecanismo de firma digital con empresas privadas de certificación acreditadas para ello.

Así mismo, se le atribuía a esta entidad de manera exclusiva la autenticación de todos los colombianos a través de todo tipo de biometría o cualquier otro sistema de autenticación digital, descartando la posibilidad de que los ciudadanos acudan a las empresas que actualmente prestan estos servicios, poniendo es riesgo un importante sector que aporta al dinamismo del comercio electrónico. Contrariando, además, lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Política referido a las funciones de la RNEC.

Gracias a la gestión realizada por parte de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), se logró la eliminación del artículo 125 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026. En el cual se modificaban los numerales 19 y 31 de la Ley 1341 de 2009 al incluir a los proveedores que ofrecen servicios a través de Internet, de video bajo demanda, de intercambio de videos generados por usuarios provistos a través de plataformas, y entre otros, como sujetos obligados a responder a requerimientos de información por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Lo anterior, iba contra del principio de unidad de materia de la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, ya que la propuesta regulatoria no contaba con una vocación de temporalidad transitoria que pudiera ser cumplida dentro del cuatrienio respectivo, sino una temporalidad indeterminada que perdurara en el tiempo. Así mismo, el proyecto de articulado no contaba con una conexidad directa e inmediata entre la propuesta y las metas establecidas en la parte general del Plan.

Gracias al acercamiento del gremio con el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, se logró la inclusión del parágrafo cuarto del artículo 57 de la Ley 2277 de 2022, para garantizar la adopción de tratados internacionales que eviten la doble tributación. Posteriormente, la CCCE logró que fueran acogidos varios de los comentarios presentados al proyecto de reglamentación de la Tributación por Presencia Económica Significativa, que terminó en la expedición del Decreto 2039 de 2023.

Se logró la adopción propuesta en el Proyecto de Ley 184 “consumidor de comercio electrónico” en aras de evitar una barrera regulatoria para distintos actores que hacen parte de la cadena de valor del comercio electrónico, incluyendo al sistema financiero, la logística, plataformas, comercios, entre otros.