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Esta iniciativa se enmarca en la política de inclusión financiera y busca facilitar la consecución de recursos por parte de las pequeñas y medianas empresas, uno de los pilares fundamentales del sector productivo del país.

El decreto expedido sigue los principios de regulación fijados recientemente por la Alianza del Pacífico y busca generar un ambiente propicio para la innovación en un entorno de estabilidad, integridad y transparencia.
El Gobierno nacional expidió el decreto 1357 de 2018 mediante el cual se reglamenta la actividad de financiación colaborativa (conocida internacionalmente como crowdfunding), con el fin de promover el flujo de recursos para las pymes y la innovación financiera en el país.

Hoy, Colombia es el tercer país en la región con mayor número de emprendimientos fintech. La adaptación del modelo de financiación crowdfunding permitirá que el país avance en el uso de la tecnología y la innovación para facilitar el acceso y uso de servicios financieros por parte de la población.

El decreto define la financiación colaborativa como una nueva actividad del mercado de valores, la cual podrá ser adelantada por las bolsas de valores, los administradores de sistemas de negociación de valores y sociedades anónimas de dedicación exclusiva, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La reglamentación establece el funcionamiento de estas sociedades de financiación colaborativa, las cuales operarán de manera digital para clasificar y visibilizar los proyectos productivos y facilitar la canalización de recursos por parte de un número plural de aportantes.

Bajo este esquema, los proyectos productivos se podrán financiar hasta por 10.000 SMLMV, cuando cuente con la participación de aportantes calificados, es decir aquellos que tengan un mayor de grado de profesionalidad (por ejemplo, inversionistas institucionales) y hasta por 3.000 SMLMV si esto no ocurre. Por su parte, los aportantes podrán destinar hasta el 20% de su patrimonio o de sus ingresos anuales en este tipo de financiación. En el caso de los aportantes calificados no aplicará este límite.

La financiación colaborativa se instrumentará mediante la emisión de valores siguiendo un estándar simplificado. Como resultado, estas emisiones no constituirán una oferta pública de valores ni requerirán la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE.

Esta propuesta busca unir esfuerzos entre sectores de la economía, lo cual implica abrir las puertas a nuevos jugadores para complementar los esquemas financieros tradicionales, basados en un alto componente tecnológico y modelos de negocio disruptivos. La entrada de nuevos participantes eleva la competencia en el sector y también permite ampliar e innovar la oferta de productos y servicios financieros.

Consulte el Decreto 1357 de 2018 aquí

Fuente: MinHacienda